La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la Región Metropolitana y apunta a prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso la obligatoriedad de controles de alcoholemia a los choferes de colectivos mediante la orden regulatoria 1/26, que deberá ser implementada por las empresas del transporte automotor público urbano e interurbano de la Región Metropolitana en un plazo máximo de 20 días.
La decisión fue adoptada por el Directorio del organismo con el objetivo central de reducir la siniestralidad vial y reforzar la seguridad de los pasajeros y de terceros que circulan por la vía pública. La normativa establece la realización de exámenes preventivos antes del inicio de cada turno y también durante el desarrollo de la jornada laboral.
Según se detalla en la orden regulatoria, las empresas deberán efectuar controles obligatorios en sus instalaciones, terminales, cabeceras, puntas de línea o en los lugares de inicio del servicio. Todos los choferes afectados al transporte público estarán obligados a someterse a los procedimientos necesarios para determinar su nivel de alcohol en sangre.
La normativa es clara: ningún conductor que registre alcoholemia positiva podrá prestar servicio. En esos casos, la empresa deberá designar de manera inmediata un reemplazante y adoptar medidas urgentes para no afectar la regularidad del servicio.
La AMT subrayó que la implementación de estos controles no solo busca disminuir el riesgo de accidentes, sino también generar incentivos para que las empresas operadoras y los conductores refuercen conductas responsables al volante.
En cuanto a las garantías del procedimiento, la orden establece que la contraprueba de alcoholemia se regirá por lo dispuesto en la Ley Provincial Nº 7846 y normas concordantes. Además, los controles deberán realizarse con instrumentos homologados, verificados periódicamente y debidamente certificados, dejando constancia documentada de cada test efectuado.
Con esta medida, la AMT avanza en una política de prevención activa orientada a fortalecer la seguridad en el transporte público masivo.
