El diputado nacional es investigado por presunto uso indebido de fondos públicos en una campaña de difamación. La audiencia virtual fue hermética y dejó abierta la disputa por la jurisdicción.
Este viernes por la mañana se desarrolló una audiencia clave en el Juzgado Federal N° 2 de Salta para determinar qué jurisdicción será la encargada de investigar al diputado nacional Emiliano Estrada, acusado de haber utilizado fondos públicos en una presunta operación de difamación con fines políticos.
La audiencia, convocada por el fiscal federal Carlos Amad, se llevó a cabo de manera remota a través de la plataforma Zoom. Aunque se trataba de una instancia pública, el acceso fue restringido: los medios no pudieron ingresar al enlace, ni grabar ni tomar registros. La explicación oficial fue la necesidad de preservar la integridad del material audiovisual, que podrá ser solicitado posteriormente de forma formal.
A diferencia de otras causas donde la libertad de expresión suele estar en el centro del debate, aquí el foco está puesto en el supuesto desvío de recursos estatales para financiar contenido difamatorio, lo que podría configurar una grave falta administrativa o incluso delito penal.
El fiscal Amad expuso durante la sesión, aunque evitó anticipar la carátula final del expediente ni confirmar si la imputación contra Estrada se concretará en el corto plazo. Lo que sí quedó claro es que uno de los primeros pasos será descartar el pedido de intervención del Juzgado de Garantías 8 de Salta, que no tiene competencia federal.
La disputa de fondo es si el proceso continuará en Salta —donde Estrada ejerce influencia política— o si se trasladará a los tribunales de Comodoro Py, epicentro de las grandes causas de corrupción a nivel nacional. La definición marcará el rumbo del expediente y, posiblemente, el devenir político del legislador salteño.
