Se trata de un predio del Ejército donde fueron hallados los restos óseos de una persona desaparecida durante la dictadura. Una medida cautelar dictada hace dos meses impedía realizar obras en el lugar hasta que los antropólogos forenses investigaran si hay más víctimas. El mismo juez que dictó la cautelar, ahora autorizó al Gobierno provincial a comenzar los trabajos.
La medida cautelar, dispuesta en el marco de la causa “N.N. S/AVERIGUACIÓN DE DELITO. DENUNCIANTE: RUARTE, NÉSTOR ARIEL”, impedía realizar cualquier tipo de obra en los predios hasta que el el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos y Procesos Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu (LIDEPROJ) realizaran las investigaciones pertinentes.
Pero antes de que eso sucediera, y sin dar aviso a las partes involucradas, el juez Hansen aceptó abrir otra causa paralela, caratulada “PROVINCIA DE JUJUY c/ ESTADO NACIONAL s/EXPROPIACIÓN / RETROCESIÓN”, que trata sobre los mismos terrenos en litigio, en la que autorizó al Gobierno provincial a comenzar las obras de construcción de lo que sería la “ciudad judicial”.
Algunos familiares de personas desaparecidas y víctimas de crímenes de lesa humanidad de Jujuy denunciaron, además, que fueron engañados para hacerlos firmar un supuesto consentimiento para comenzar las obras en el lugar.
