Un testigo explicó en el tribunal el circuito ilegal que extraía rieles del ferrocarril en el Chaco salteño y los enviaba hacia Bolivia.
El juicio contra el exintendente de Coronel Juan Solá, Atta Gerala, comenzó con fuertes revelaciones sobre el presunto saqueo de rieles del sistema ferroviario en el norte de Salta.
Durante la primera audiencia, un testigo aseguró que el esquema ilegal de extracción de rieles del Belgrano Cargas generaba ganancias de hasta 25 millones de pesos diarios, a partir de su traslado clandestino hacia Bolivia.
El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano. La acusación está a cargo del fiscal general Eduardo Villalba junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual.
Gerala enfrenta cargos por contrabando agravado, robo agravado en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos. En la causa también está imputado el exjefe policial Mauro Rodríguez, acusado de cohecho pasivo.
Durante la audiencia declaró el sargento Roberto Meza, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, quien detalló cómo funcionaba el circuito delictivo.
Según su testimonio, cada camión transportaba entre 30 y 31 toneladas de rieles robados, por los cuales se pagaban alrededor de 200.000 pesos por tonelada. El traslado se realizaba entre tres y cuatro veces por día, lo que generaba ganancias cercanas a los 25 millones de pesos diarios.
Los rieles eran retirados de distintos tramos del ramal C25 en localidades del Chaco salteño como Dragones, Pluma de Pato y Morillo. Luego eran trasladados por la Ruta Nacional 81 hasta una finca cercana a Aguas Blancas, desde donde se cruzaban en balsas por el Río Bermejo hacia territorio boliviano.
Para la fiscalía, el peso político del exintendente en el municipio fue clave para que la maniobra pudiera desarrollarse durante largo tiempo. Durante los alegatos, Villalba afirmó que en la localidad “no se mueve un alfiler sin que él lo sepa”.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran rieles secuestrados en propiedades vinculadas a Gerala, escuchas telefónicas y registros fotográficos del traslado del material.
La investigación se inició en 2023 tras una denuncia del Correo Argentino, que detectó envíos sospechosos vinculados a un comerciante de San Ramón de la Nueva Orán. A partir de allí se descubrió una red de contrabando que también incluía el robo de infraestructura ferroviaria.
En el marco de la causa, Miguel Gerala, hijo del exintendente, ya fue condenado a seis años de prisión, al igual que otros integrantes del esquema investigado.
