Prestadores privados anunciaron restricciones en la atención médica por conflictos financieros. Solo se garantizarán tratamientos vinculados a patologías críticas.
Miles de afiliados al PAMI quedaron envueltos en un escenario de incertidumbre luego de que prestadores privados de salud anunciaran la suspensión de nuevos turnos médicos y la postergación de cirugías programadas en distintas especialidades.
La decisión fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), entidad que advirtió sobre una situación económica que, según sostienen, compromete la capacidad operativa de clínicas y sanatorios para continuar brindando servicios con normalidad.
La medida alcanza a consultas externas, estudios y procedimientos quirúrgicos no urgentes, mientras que la atención de pacientes con enfermedades crónicas complejas continuará garantizada para evitar riesgos sanitarios mayores.
Desde las instituciones privadas señalaron que atraviesan dificultades para afrontar gastos esenciales, entre ellos la adquisición de insumos médicos, medicamentos y el pago de salarios al personal de salud.
Según explicaron, la falta de actualización de los valores prestacionales y los problemas financieros que denuncian vienen deteriorando la sustentabilidad del sistema, situación que derivó en la adopción de medidas restrictivas.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre los prestadores y el organismo nacional que brinda cobertura a millones de jubilados y pensionados en todo el país, un sector particularmente sensible por su alta demanda de atención médica.
Desde CAPRESS remarcaron que la decisión busca visibilizar la gravedad de la situación y reclamaron una solución urgente que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios.
Por su parte, fuentes del Gobierno nacional rechazaron las acusaciones y aseguraron que el PAMI mantiene al día su cronograma de pagos. Según indicaron, no existen deudas acumuladas con clínicas ni sanatorios y los montos pendientes corresponden únicamente a liquidaciones corrientes del período en curso.
En ese contexto, también recordaron que recientemente se dispusieron actualizaciones arancelarias del 1,9% para los meses de junio y julio. Sin embargo, desde el sector privado consideran que esos incrementos resultan insuficientes frente al aumento de costos que enfrenta la actividad.
Mientras continúan las negociaciones, miles de jubilados observan con preocupación la evolución del conflicto, temiendo que las restricciones afecten controles médicos, tratamientos y procedimientos que ya tenían programados.
La expectativa ahora está puesta en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita garantizar la continuidad de la atención y evitar una profundización de la crisis en uno de los sistemas de cobertura médica más importantes del país.
