Un proyecto en Diputados propone suspender durante un año ejecuciones judiciales y medidas cautelares contra consumidores con deudas financieras.
La problemática del endeudamiento familiar llegará esta semana al debate legislativo en Salta. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial busca declarar la Emergencia Social y Económica en materia de deudas de consumidores financieros y suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Omar Exeni y figura en el temario de la 11° Sesión Ordinaria prevista para este martes, aunque su tratamiento dependerá de que obtenga los dictámenes necesarios en las comisiones legislativas correspondientes.
La propuesta contempla la suspensión por un período de un año de las medidas cautelares de embargo y de los procesos de ejecución de sentencia vinculados a obligaciones financieras asumidas por particulares.
El alcance incluye deudas derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de consumo, descubiertos bancarios y otras operaciones celebradas con bancos, financieras y entidades de crédito.
Según los fundamentos del proyecto, la situación económica de numerosos hogares modificó el uso tradicional del financiamiento. En lugar de destinarse a la adquisición de bienes o inversiones familiares, el crédito pasó a utilizarse para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, alquileres, combustibles y servicios básicos.
La iniciativa busca otorgar un alivio temporal a familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y aumento del costo de vida.
Sin embargo, el expediente todavía debe superar el análisis de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, PYMES, Defensa del Consumidor, Asuntos Laborales, Previsión Social y MERCOSUR, además de Legislación General.
Si obtiene despacho favorable, el proyecto podrá ser debatido en el recinto. De lo contrario, continuará su tratamiento en comisión hasta reunir las condiciones necesarias para avanzar en el proceso legislativo.
La propuesta abre un debate sobre el alcance de las herramientas provinciales frente al creciente endeudamiento de los hogares y el impacto que las ejecuciones judiciales tienen sobre miles de familias que enfrentan dificultades para sostener sus obligaciones financieras.
