El diputado Albeza acusó a Elsa Pereyra Maidana de incumplir funciones por retrasos en auditorías clave vinculadas al manejo de fondos públicos.
El diputado provincial Luis Albeza presentó un pedido de juicio político contra la auditora general de la Provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana, al considerar que incurrió en presunto mal desempeño de sus funciones por demoras en auditorías relacionadas con el Fondo de Reparación Histórica.
La denuncia ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados y fue remitida a la Comisión de Juicio Político, que deberá determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con el proceso previsto en la Constitución de Salta.
El eje de la presentación apunta a los retrasos detectados en informes de control sobre el Fondo de Reparación Histórica, creado para financiar obras públicas en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia mediante endeudamiento internacional.
Según sostuvo Albeza, las auditorías financieras vinculadas al manejo de esos recursos acumularon demoras “irrazonables”, incompatibles con la función de control que debe ejercer la Auditoría General de la Provincia. El legislador advirtió que la falta de celeridad no solo compromete el funcionamiento del organismo, sino que además limita las capacidades de fiscalización de la Legislatura.
En ese sentido, remarcó que el control estatal pierde eficacia cuando llega tarde. “El control público tardío equivale muchas veces a un control institucionalmente ineficaz”, afirmó, al sostener que la oportunidad es un elemento central en cualquier sistema republicano de rendición de cuentas.
Dentro del expediente, el diputado también señaló supuestas falencias en la producción de auditorías, acumulación de expedientes sin resolución y bajos niveles de conclusiones definitivas en el área bajo responsabilidad de la funcionaria cuestionada.
Albeza insistió en que la presentación no responde a diferencias políticas ni personales. “Cuando un legislador detecta posibles irregularidades o un funcionamiento deficiente en un organismo de control tan sensible, tiene la obligación institucional de intervenir”, expresó.
El pedido se apoya en el artículo 160 de la Constitución provincial y en el artículo 40 de la Ley 7103, normativa que establece que los auditores generales pueden ser removidos mediante juicio político por las mismas causales previstas para magistrados judiciales.
