A partir del 4 de agosto próximo se llevará a cabo la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares de estos, todos ellos acusados de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal. Presidirá el juez Federico Diez, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Los imputados son veinte. Está prevista la declaración de 180 testigos.
El proceso estará a cargo de un tribunal colegiado presidido por el juez Federico Diez, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, e integrado también por los jueces Paola Marocco y Javier Aranibar. El Ministerio Público Fiscal estará representado por una Unidad Fiscal Especial, bajo la conducción del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella.
Según consta en la causa, la investigación se originó tras denuncias anónimas que señalaban que agentes del Servicio Penitenciario solicitaban sobornos a cambio de beneficios penitenciarios, como salidas transitorias, traslados, o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos como celulares, bebidas, comida y estupefacientes.
La causa involucra a ocho funcionarios penitenciarios: Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García. Están acusados por los delitos de:
Comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los demás imputados, entre ellos internos y familiares, serán juzgados por comercialización agravada de estupefacientes y asociación ilícita, también en concurso real.
La magnitud del caso se refleja en la cifra de 180 testigos citados para declarar a lo largo del debate. Se prevé que el juicio se extienda durante varias semanas, dado el volumen de pruebas y testimonios que deberán ser analizados.
Este proceso representa uno de los mayores escándalos de corrupción y narcotráfico institucional en el sistema penitenciario de Salta, y su desarrollo será clave para esclarecer el alcance de la organización criminal que, según la acusación, operaba desde el corazón mismo del sistema carcelario.
