Tras el paro nacional, el gobernador de Salta respaldó los avances macroeconómicos, pero alertó que sin mejoras concretas en el empleo y el ingreso “la situación no se corrige”.
En el día después del paro convocado por la CGT, Gustavo Sáenz eligió un tono medido pero firme para describir el clima que atraviesa su provincia. Reconoció que el plan económico nacional logró ordenar variables sensibles —baja de la inflación y equilibrio fiscal—, aunque puso el foco en lo que considera el punto ciego del proceso: la vida cotidiana.
“Si no hay equilibrio social y posibilidad de que la gente esté mejor, la situación no se va a corregir”, advirtió el mandatario, en una definición que buscó correrse de la discusión estrictamente técnica para instalar una preocupación política: la caída del consumo y su impacto directo en las arcas provinciales.
Sáenz explicó que la retracción del mercado interno golpea dos veces: primero a pymes y comercios; después, a la coparticipación. “Los impuestos coparticipables, al no haber consumo, también las pymes y los comerciantes lo sufren”, señaló, describiendo un efecto dominó que repercute en la recaudación y condiciona la gestión local.
En ese contexto, celebró la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral, que habilitaba reducciones salariales en casos de enfermedad o accidentes inculpables. “Me parecía una locura. La gente no elige accidentarse ni tener una enfermedad y encima tener la angustia de que le bajen el sueldo. Me parece inhumano”, afirmó, marcando distancia de cualquier flexibilización que impacte sobre trabajadores en situaciones vulnerables.
Sin embargo, el gobernador evitó ubicarse en una posición meramente reactiva. Para Sáenz, la discusión de fondo no pasa solo por modificar leyes, sino por generar condiciones reales de empleo formal. “Una ley no genera trabajo por sí sola. Si no se la acompaña con acciones e inversiones es muy difícil”, sostuvo.
El dato que más inquieta al mandatario es estructural: más del 55% de los trabajadores se encuentra en la informalidad. Una cifra que, a su juicio, sintetiza la precarización creciente y la fragilidad del sistema laboral argentino. “Lo que más queremos todos es que la gente tenga trabajo formal y no esté en negro”, remarcó.
Sáenz también apuntó contra lo que definió como “privilegios” enquistados en distintos sectores, y denunció abusos tanto en el ámbito público como en el privado. Mencionó casos de empleados que presentan carpetas médicas en el Estado mientras continúan desempeñándose en actividades privadas, un fenómeno que —según planteó— erosiona la confianza y tensiona aún más el sistema.
Más allá de la coyuntura, el gobernador reclamó abrir debates postergados desde hace décadas. Propuso discutir un nuevo régimen tributario y una reforma previsional integral, y recordó que la coparticipación aguarda una revisión desde 1994. “Hay que dar previsibilidad a los jubilados, que sepan qué va a pasar con ellos y qué nos va a pasar a nosotros cuando nos jubilemos”, afirmó.
Para Salta, insistió, la prioridad es clara: atraer inversiones, ofrecer seguridad jurídica y garantizar que proveedores y trabajadores locales participen del crecimiento. En definitiva, que el orden macroeconómico no sea un fin en sí mismo, sino el punto de partida para reconstruir el tejido productivo y social.
