La diputada nacional y otros dirigentes de La Libertad Avanza en Salta están bajo la lupa judicial tras denuncias de extorsión a funcionarios públicos.
La Fiscalía de Impugnación Nº 2 de Salta, a cargo de Mónica Poma, ordenó reabrir una investigación contra Emilia Orozco por supuestos aportes compulsivos a las arcas de La Libertad Avanza en Salta.
La causa se inició tras la denuncia de Cristian David Achaval, exdirector de ANSES en Metán, quien aseguró que, luego de asumir en septiembre de 2024, referentes libertarios le exigieron entregar entre un 5% y un 10% de su salario. Los pagos, según Achaval, debían canalizarse a través de asesores, cuentas vinculadas al partido Ahora Patria o en efectivo en oficinas políticas.
Achaval afirmó contar con audios y documentación que respaldan sus denuncias, y denunció presiones directas de Orozco, incluyendo maltratos telefónicos y solicitudes para realizar tareas proselitistas dentro de ANSES. También señaló que otros funcionarios renunciaron por negarse a aportar, como el exdirector de ANSES Salta Norte, Gustavo Pantaleón.
Inicialmente, la denuncia había sido desestimada por el fiscal penal de primera instancia al considerarla un “conflicto de índole privada”. Sin embargo, la fiscal Poma cuestionó esa decisión y solicitó medidas para profundizar la investigación, incluyendo informes a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y a la conducción del partido sobre sus mecanismos de financiamiento.
La investigación busca determinar si los aportes solicitados a funcionarios públicos constituían una práctica legal de financiamiento partidario o si configuran un delito de extorsión y abuso de poder. Además de Orozco, otros dirigentes salteños involucrados son Carlos Zapata y Ricardo Ortega.
