En apenas siete meses, 118 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en el país. El dato, que surge del informe actualizado del Observatorio de La Casa del Encuentro, vuelve a poner en el centro de la escena una problemática que no da tregua.
La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 45 casos, seguida por Santa Fe con 15, mientras que Córdoba y Chaco registraron siete femicidios cada una. En Salta, hasta julio de este año, hubo tres crímenes registrados: ocurrieron en Cerrillos, la capital y General José de San Martín.
La cifra es cruda, pero más lo es el impacto humano detrás de cada caso. Según el relevamiento, 116 hijos e hijas quedaron huérfanos, y la mitad de ellos son menores de edad. Las estadísticas también revelan patrones que se repiten con dolorosa frecuencia: el 68% de los femicidios se produjo en el domicilio de la víctima, y en el 60% de los casos, el agresor era su pareja o expareja.
Un dato que alarma especialmente es que el 16% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. Esa cifra deja al descubierto fallas profundas en los sistemas de protección, que no logran garantizar ni resguardo ni justicia a tiempo.
En Salta, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres viene advirtiendo que la violencia extrema no es un fenómeno aislado, sino el desenlace más brutal de una cadena de abusos, amenazas y silencios cómplices.
A esta altura del año, el reclamo no es nuevo, pero sí urgente: políticas públicas eficaces, con presupuesto, con perspectiva de género y con mecanismos reales de prevención y protección. Porque cada número en estos informes es una vida que no se pudo salvar.
