La concejal Malvina Gareca cuestionó con dureza a los legisladores denunciados y advirtió que la Comisión de Disciplina evaluará posibles sanciones que podrían llegar hasta la expulsión.
El Concejo Deliberante de Salta volvió a quedar en el centro de la polémica tras las denuncias que involucran a los concejales libertarios Pablo López y Carlos Casasola, ambos señalados en causas vinculadas a presuntos hechos de violencia y denuncias cruzadas.
La situación generó fuerte malestar dentro del cuerpo legislativo. La concejal Malvina Gareca expresó su incomodidad frente al escenario y adelantó que la Comisión de Disciplina y Juicio Político analizará el caso para determinar si corresponde aplicar sanciones.
“Es molesto tener que estar tratando un tema de estas características habiendo pasado tan poco tiempo desde que se conformó esta comisión por un caso similar”, sostuvo la edil, en alusión a antecedentes recientes dentro del mismo ámbito legislativo.
Gareca fue particularmente crítica con el regreso de López a su banca pese a las denuncias que pesan en su contra. “A mí me da vergüenza tener que compartir el Concejo con compañeros en estas condiciones. La gente está indignada”, afirmó.
En relación con el caso de Casasola, la concejal aclaró que el procedimiento institucional se desarrolla con prudencia y respetando las garantías del proceso. Según explicó, la comisión solicitará informes a la fiscalía interviniente y convocará al edil denunciado para que ejerza su derecho a defensa.
El reglamento del cuerpo establece que la Comisión de Disciplina tiene facultades para aplicar distintas sanciones, que pueden ir desde una suspensión hasta la expulsión definitiva del cargo por inhabilidad moral.
“Nosotros debemos evaluar si moralmente una persona está en condiciones de ejercer la función pública cuando se trata de hechos de esta gravedad”, indicó Gareca.
Finalmente, la concejal remarcó que las situaciones de violencia no pueden ser minimizadas bajo el argumento de que se trata de cuestiones privadas. “Las denuncias cruzadas no eximen de responsabilidad. Un hecho de violencia no puede quedar relativizado cuando se trata de un funcionario público”, concluyó.
