El pedido lo hizo el Colegio de Abogados que activó una denuncia de oficio contra el letrado por cobros millonarios a 380 familias por lotes inhabitables.
El escándalo por la presunta megaestafa con terrenos en Atocha sumó en las últimas horas un giro clave: el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta resolvió denunciar de oficio al abogado Santiago Eduardo Pedroza y solicitó al Tribunal de Ética y Disciplina de la entidad que evalúe urgente la aplicación de una suspensión preventiva en el ejercicio de la matrícula.
La medida quedó plasmada en la resolución N° 096/2026, firmada el 23 de abril, donde el Consejo Directivo advierte sobre las “masivas denuncias públicas y penales” que involucran al matriculado Pedroza por la presunta comisión de estafas reiteradas vinculadas a la adjudicación de lotes en la zona de Atocha, el impacto mediático de escala provincial que el hecho ha suscitado y las facultades disciplinarias otorgadas al consejo por la Ley Provincial 5412. Además, remarca que su “deber primordial es velar por el decoro, la probidad y el prestigio de la abogacía, en la Provincia de Salta y asegurar que el ejercicio profesional se ajuste estrictamente a las normas éticas que rigen la institución”, dice el escrito, según publicó El Tribuno.
Según el documento, “los hechos de público y notorio conocimiento dan cuenta de más de 380 familias presuntamente damnificadas por maniobras de captación y cobros irregulares bajo la promesa de entrega de terrenos en un loteo denominado ‘Las Victorias’. Además, dejó plasmado en su resolución un concepto poco habitual por su contundencia: advirtió que el caso configura ‘un escenario de estrépito in foro, de una magnitud sin precedentes’”.
La resolución también advierte que la situación fue ampliamente documentada por medios locales con registros que dan cuenta de que 380 familias habían denunciado la presunta estafa con los terrenos de Atocha y que habrían llegado a pagar hasta 8 millones de pesos por tierras que no son aptas para vivir.
En ese sentido, el Colegio se apoya también en la investigación penal en curso encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que hace seis días emitió un comunicado titulado “Se investiga una supuesta estafa con la adquisición de lotes inhabitables”.
Según se detalla, “el letrado habría invocado trámites inexistentes y resoluciones favorables sobre terrenos declarados inhabitables e inundables, induciendo a error a personas en situación de extrema vulnerabilidad social mediante el cobro de sumas que oscilan entre los $500.000 y los $8.000.000”.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro, Delegación San Lorenzo, encabeza una investigación al respecto.
La resolución también pone el foco en registros audiovisuales incorporados al expediente exponen, por un lado, los testimonios directos de una de las víctimas denunciantes quien detalla la maniobra, “así como la propia voz de Pedroza quien efectúa requerimientos dinerarios y promete gestiones que carecerían de sustento administrativo real”.
Para el Consejo Directivo, la conducta atribuida configura, según remarcan, una “gravísima” vulneración a los principios esenciales que rigen el ejercicio de la abogacía: la lealtad, la probidad y la buena fe, que el abogado debe observar en todo momento.
En ese marco, la resolución recuerda que el artículo 98 de la Ley 5412 establece con claridad que el Colegio tiene el poder disciplinario sobre sus matriculados, debiendo sancionar aquellos actos que afecten el honor y la dignidad de la profesión.
El Colegio va a fondo
En la parte final de la resolución, el Colegio de Abogados resolvió formular denuncia de oficio ante el Tribunal de Ética y Disciplina contra el abogado Santiago Eduardo Pedroza, a fin de que se inicie el correspondiente proceso sumario por presunta violación a las normas de ética profesional y a los deberes de probidad y buena fe previstos en la Ley 5412 del Ejercicio de las Profesiones de Abogado y Procurador.
Asimismo, dispuso remitir a ese Tribunal la totalidad de la prueba documental y multimedia mencionada, incluyendo informes del MPF, crónicas periodísticas y audios y videos de las redes sociales donde se constatan los hechos denunciados.
En ese mismo sentido, y dada la gravedad de los hechos y la inminencia de nuevos perjuicios a terceros, solicitó evaluar con carácter urgente la aplicación de una suspensión preventiva en el ejercicio de la matrícula, conforme a las facultades que le son propias para resguardar el interés público y el decoro profesional.
Finalmente, se ordenó notificar al abogado denunciado y remitir las actuaciones al Tribunal de Ética y Disciplina con carácter de urgente.
Los testimonios
Los testimonios de los denunciantes reconstruyen con crudeza cómo se habría desarrollado la maniobra.
“Se hizo una reunión, a la que fue toda la gente que estaban en la usurpación. Sabíamos ese delito, pero nos dejamos llevar por la necesidad misma. Se nos acercó el doctor Santiago Pedroza y le preguntó a toda la gente si estaban de acuerdo con que intervenga, que iba a presentar amparos. Todos dijimos que sí”, recordó.
Y añadió: “Iba a la casa y decía: ‘he presentado esta nota acá, esta nota allá, y esto tiene un costo administrativo’. Empezaron con 10, 15, después 35 mil pesos. Después de unos ocho meses, nos dijo que estaba todo resuelto, que el juez había dictaminado a nuestro favor”.
Otro de los denunciantes apunta a un esquema que se habría extendido en el tiempo y con montos crecientes.
“Lo último que se nos pidió fue 450 mil pesos para gestoría, hídrico y limpieza de los terrenos. Después, otros 50 mil más para lo mismo y para el abogado”, contó.
El reclamo también expone la situación actual de los lotes: “No son habitables por nadie”, sostuvo, y cuestionó: “Que salga el doctor Pedroza a dar la cara y que nos diga qué está pasando”.
Cronología
- 2023: Tras la ocupación y posterior desalojo en la ribera del río Arias, el abogado Pedroza se presenta ante las familias y ofrece gestionar la cesión de los terrenos.
- 2024 y 2025: Se extienden los cobros bajo distintos conceptos, con promesas de trámites avanzados y adjudicación de lotes. Los montos escalan hasta cifras millonarias.
- 2026: El 16 de abril, damnificados se presentan en Casa de Gobierno y les confirman que no había sustento legal, ni trámites registrados, y que los recursos fueron rechazados.
- Los damnificados se agolparon en la puerta del estudio jurídico del abogado señalado para reclamar. El Colegio de Abogados pidió su suspensión preventiva
