El proyecto busca frenar denuncias por agresiones y cobros extorsivos en zonas recreativas y nocturnas.
La Municipalidad de Salta avanzó con una propuesta para modificar el Código Contravencional y endurecer las sanciones contra quienes ejercen el rol de “trapitos”, en medio de un aumento de denuncias por amenazas, pedidos coercitivos de dinero y conductas agresivas en distintos puntos de la ciudad.
El procurador Matías Risso, encargado de detallar la iniciativa, sostuvo que la actividad —en su origen asociada a una ayuda informal— hoy está “distorsionada” y se transformó en un problema que requiere intervención estatal. El proyecto eleva el tope de arresto de los 30 días vigentes a un máximo de 90 días en casos de reincidencia o situaciones consideradas graves.
Risso subrayó que la medida no implica persecución: “No hay cacería. Se trata de dotar de herramientas a la Policía de la Ciudad y a Seguridad de la Provincia”. También remarcó que será la Justicia quien determine, caso por caso, si corresponde aplicar arresto. “El objetivo es ordenar una actividad que dejó de ser colaborativa para convertirse en un conflicto concreto”, afirmó.
La Procuración identificó como zonas críticas los espacios de recreación, los corredores nocturnos y las áreas deportivas con fuerte afluencia de autos, sectores donde se concentran la mayoría de las denuncias por cobros indebidos y episodios intimidatorios.
Con la iniciativa sobre la mesa, el debate vuelve a instalarse en la agenda pública: cómo regular una práctica extendida, resistida y, para muchos salteños, cada vez más conflictiva.
