Con 69 votos a favor y solo 3 en contra, el Congreso sancionó la ley que convalida el histórico tratado comercial
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La votación reflejó un consenso político casi total, sumando el respaldo de la mayoría de los bloques de la oposición, que coincidieron en la necesidad de abrir nuevos mercados para la producción nacional.
A pesar del festejo oficialista, Uruguay se adelantó en la carrera regional: el Parlamento del país vecino logró convalidar el convenio apenas unas horas antes que el Congreso argentino, convirtiéndose en el primer socio del bloque en completar el trámite legislativo.
Un mercado de 800 millones de consumidores
El tratado comercial, firmado originalmente el pasado 17 de enero en Asunción, busca integrar a los dos bloques económicos en una asociación estratégica sin precedentes. Los principales alcances del acuerdo son:
- Eliminación de aranceles: se suprimirán gravámenes para el 92% de las exportaciones del Mercosur, facilitando el acceso de productos agrícolas, químicos y farmacéuticos al Viejo Continente.
- Competitividad industrial: El acuerdo recorta barreras para la importación de maquinaria y tecnología europea, clave para la modernización de los procesos productivos locales.
- Seguridad jurídica: La normativa otorga previsibilidad para la Inversión Extranjera Directa (IED), proveniente de un bloque que ya es el segundo socio comercial de la región.
El debate en el recinto
Desde La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich destacó que el propósito es «dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo», afirmando que el comercio es la vía para recuperar la prosperidad. Por su parte, el bloque Justicialista acompañó la votación, aunque planteó observaciones sobre la necesidad de medidas compensatorias para las industrias que puedan enfrentar asimetrías de productividad.
Otros senadores resaltaron que este paso consolida a la Argentina como un «socio abierto y confiable» ante la comunidad internacional, tras 25 años de negociaciones que atravesaron distintos gobiernos.
A pesar de la ratificación local, la puesta en vigencia definitiva no es inmediata. El Parlamento Europeo ha derivado el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice su impacto jurídico y ambiental, un proceso que podría demorar hasta 18 meses. Además, el acuerdo aún enfrenta resistencias políticas en algunos países europeos, particularmente en Francia.
