Los proyectos que Diputados aprobó el 8 de septiembre contemplan dos operaciones diferentes: una emisión de hasta US$150 millones para refinanciar vencimientos y un crédito de US$100 millones del BIRF para obras de infraestructura.
El paquete de financiamiento por hasta US$250 millones que impulsó el Gobierno provincial ingresó al Senado de Salta y comenzó así una nueva etapa de su tratamiento legislativo. Las dos iniciativas habían recibido media sanción de Diputados el pasado 8 de septiembre y ahora deberán ser analizadas por la Cámara alta.
Los expedientes fueron incorporados este jueves al Boletín de Asuntos Entrados del Senado y quedaron derivados a las comisiones correspondientes para su estudio. Hasta el momento, ninguna de las dos operaciones cuenta con sanción definitiva.
Una de las iniciativas habilita al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a emitir títulos de deuda por hasta US$150 millones en el mercado local de capitales. Según la explicación brindada durante el debate en Diputados, el objetivo es afrontar vencimientos del Plan Bicentenario, cuya deuda se originó en 2016 y posteriormente fue reestructurada.
El cronograma presentado durante el tratamiento legislativo contempla compromisos por unos US$50 millones en diciembre de 2026, otros US$48 millones en junio de 2027 y aproximadamente US$46 millones en diciembre de ese año. La operación planteada busca refinanciar esas obligaciones y no financiar gastos corrientes.
El segundo proyecto establece la posibilidad de acceder a un crédito de hasta US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En este caso, el destino previsto es el programa “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta”.
Ambas iniciativas generaron diferencias durante su paso por Diputados. La oposición cuestionó principalmente la decisión de tratarlas sobre tablas y reclamó más tiempo para revisar las condiciones de las operaciones, mientras que el oficialismo defendió el esquema y marcó la diferencia entre la refinanciación de deuda existente y el financiamiento destinado a infraestructura.
Ahora será el Senado el que deberá avanzar con el análisis de los proyectos. Si reciben la aprobación de la Cámara alta, las autorizaciones quedarán en condiciones de convertirse en ley y habilitar las dos operaciones financieras.
