Tras nuevos apagones masivos, las provincias avanzan en una denuncia conjunta por la falta de inversión en líneas de alta tensión.
El mapa eléctrico del norte argentino volvió a encender alarmas. Salta, Jujuy y Tucumán decidieron avanzar en una nueva denuncia judicial contra TRANSNOA, la empresa encargada del transporte de energía en alta tensión, a la que responsabilizan por los reiterados y prolongados cortes que golpean a la región.
La presentación será impulsada de manera coordinada por los Entes Reguladores de las tres provincias y se convertirá en la séptima acción formal contra la compañía, una cifra que por sí sola da cuenta de un conflicto que dejó de ser coyuntural para transformarse en estructural.
El presidente del Ente Regulador salteño, Carlos “Uluncha” Saravia, explicó que en apenas dos días de la semana pasada se produjeron interrupciones que dejaron sin suministro eléctrico a amplias zonas del norte por más de ocho horas. El primer episodio fue consecuencia de la caída de una torre de TRANSNOA; el segundo, por una falla en la línea de alta tensión que conecta Ledesma con San Pedro.
“La gente estuvo sin luz durante horas en dos jornadas consecutivas. Eso no puede naturalizarse”, subrayó.
Pero los cortes no son, según los organismos de control, simples accidentes aislados. Saravia advirtió que TRANSNOA cuenta con apenas 420 operarios para cubrir una red que atraviesa seis provincias, un esquema que considera claramente insuficiente para garantizar un servicio estable. “Lo que pasa en Salta también pasa en Jujuy y Tucumán. Es un problema regional”, remarcó.
En el trasfondo aparece un reclamo clave: la falta de inversión en infraestructura de alta tensión, agravada —según el funcionario— por la eliminación del fondo fiduciario nacional que financiaba ese tipo de obras. “Más del 45% de los cortes que sufrimos en el norte son responsabilidad directa de TRANSNOA”, afirmó.
El titular del Ente salteño también lanzó críticas hacia otros actores institucionales. Señaló que ni organismos de control nacionales ni legisladores se han involucrado activamente en el problema. “Nadie pidió informes, nadie impulsó denuncias. Eso también es parte de la desidia”, disparó, reclamando que se “salga de la modorra”.
Lejos de partidizar el conflicto, Saravia sostuvo que los apagones no distinguen colores políticos y afectan por igual a hogares, comercios, industrias y servicios esenciales. “Quedarse sin luz no puede ser algo normal en pleno siglo XXI”, sentenció.
Con esta nueva presentación judicial, el norte argentino busca dejar en claro que el problema energético ya no admite parches: reclama inversiones reales, control efectivo y una respuesta que esté a la altura de una región que crece, pero que sigue pagando el costo de una infraestructura frágil.
