La industria tabacalera está en el ojo de la tormenta, con acusaciones de evasión de más de 2.000 millones de dólares y acaparamiento del 40% del mercado. La polémica se intensifica con la eliminación de la modificación del Impuesto Interno al Tabaco del Capítulo Fiscal de la Ley Bases, que se discutirá en el Congreso.
El gobernador Gustavo Sáenz tomó la delantera en el reclamo del sector contra la empresa tabacalera Sarandí, acusada de perjudicar a más de 200.000 personas que dependen de la industria tabacalera. Esteban Amat Lacroix, presidente de la Cámara de Tabaco de Salta, aplaudió la postura del gobernador.
Desde 2019, empresas como Sarandí, liderada por Pablo Otero, conocido como “El Señor Tabaco”, han presentado una serie de demandas judiciales y amparos, logrando eco en los tribunales provinciales, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley.
Amat Lacroix advirtió que estos amparos permitieron a Sarandí pasar del 3% al 40% del mercado nacional, vendiendo paquetes de cigarrillos a $300 y permitiendo a los kiosqueros duplicar el precio. “Con estos amparos no solo evadieron durante todos estos años más de 2.000 millones de dólares, estas empresas, sino que también acapararon un 40% del mercado”, subrayó.
El presidente de la Cámara de Tabaco de Salta cuestionó la decisión de los legisladores, incluido el diputado Zapata, de eliminar el artículo fiscal de la Ley de Bases, argumentando que es irracional permitir la venta de cigarrillos a precios bajos para fomentar el consumo, cuando los altos impuestos buscan desalentar el consumo debido a sus efectos nocivos en la salud. “Si no sacás el mínimo del impuesto, permitís que siga teniendo el 40% del mercado”, sentenció Amat Lacroix.
