La provincia desestimó los recursos presentados por los docentes sancionados y defendió la legalidad del procedimiento. La medida podría ser apelada ante la Justicia.
El Gobierno de Salta ratificó este lunes la cesantía de 103 docentes del Ministerio de Educación que habían sido apartados de sus cargos en febrero por acumular más de diez inasistencias injustificadas durante 2023. La medida, que se formalizó mediante el Decreto N.º264 publicado en el Boletín Oficial, rechazó los recursos de reconsideración presentados por los afectados, quienes alegaban arbitrariedad y falta de oportunidad para defenderse.
El expediente detalla que las faltas de asistencia ocurrieron en el marco de una protesta protagonizada por un sector de docentes auto-convocados en julio de 2023. En ese contexto, el Ejecutivo provincial subrayó que la protesta carecía de respaldo sindical legal, lo que invalidó la justificación de las ausencias. De acuerdo con el sumario administrativo que dio lugar a la sanción máxima establecida por la Ley N.º4118/1997, las ausencias no fueron consideradas justificadas, lo que derivó en la cesantía.
Entre los planteos rechazados por las autoridades, se encontraban alegaciones sobre la «arbitrariedad» de la sanción, la falta de oportunidad para presentar defensa, y presentaciones de certificados médicos que no fueron suficientes para justificar las ausencias. Tras revisar cada caso de manera individual, tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría de Trabajo concluyeron que todos los docentes sancionados habían superado el umbral de inasistencias que justificaba la cesantía. Además, tres de los recursos fueron declarados inadmisibles por haberse presentado fuera del plazo establecido.
El Gobierno provincial defendió la legalidad del procedimiento, asegurando que a cada docente se le dio «plena oportunidad de ser oído y aportar pruebas». Además, recordó que la decisión final sobre las sanciones corresponde al Gobernador, conforme a la Constitución provincial. En su defensa, el decreto citó jurisprudencia de la Corte Suprema, que niega la legitimidad de las huelgas sin aval sindical, un argumento clave para desestimar los reclamos.
Con la publicación de este decreto, la vía administrativa quedó agotada. Sin embargo, los docentes cesanteados aún tienen la posibilidad de recurrir a la Justicia si desean revertir la medida.
