La reforma del Régimen Penal Juvenil prevé un régimen diferenciado para adolescentes y asigna partidas específicas en el Presupuesto 2026. La oposición busca llevar el piso a 14 años.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el eje puesto en la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, y con la intención de acelerar su tratamiento parlamentario para que sea debatido en comisiones y, de ser posible, votado en el recinto de la Cámara de Diputados esta semana.
La iniciativa es idéntica a la que el Poder Ejecutivo había girado el año pasado y vuelve a colocar en el centro de la discusión uno de los temas más sensibles de la agenda penal: la responsabilidad de los adolescentes frente a delitos graves. El texto propone reducir de 16 a 13 años la edad mínima para que una persona pueda ser imputada penalmente, aunque en el oficialismo admiten que ese punto difícilmente prospere sin modificaciones.
En los bloques de la oposición dialoguista ya dejaron en claro que el consenso político hoy se ubica un escalón más arriba. Referentes del PRO y de la UCR anticiparon que el acuerdo posible es fijar el umbral en los 14 años, tal como se había consensuado en el dictamen trabajado durante el año pasado. En ese escenario, se espera que el proyecto sea modificado cuando se firme el despacho de comisión, previsto para el próximo miércoles.
Otro de los aspectos que generaba resistencia y que comenzó a despejarse en las últimas horas es el financiamiento. Durante una reunión entre los presidentes de bloque y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo aclaró que, a diferencia del texto original, esta vez sí habrá partidas presupuestarias específicas para implementar el nuevo régimen.
Esa definición quedó plasmada en el artículo 51 del proyecto, bajo el título “Asignación Presupuestaria”. Allí se establece un monto total de $23.739.155.303,08 para el año 2026, con un detalle de los fondos que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. La ausencia de recursos había sido uno de los principales argumentos de la oposición para frenar el avance de la iniciativa en 2025.
Según el cronograma difundido por la presidencia de la Cámara baja, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero.
