El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, señaló que el narcotráfico en la frontera norte del país ha alcanzado un alto nivel de sofisticación, y que su crecimiento no puede ser abordado únicamente con un refuerzo de personal.
En ese sentido, subrayó la necesidad urgente de incorporar tecnología avanzada, formación ética y un abordaje integral del problema.
Actualmente, las organizaciones criminales que operan en la frontera de Salta aprovechan la geografía del lugar y la vulnerabilidad social para consolidar redes delictivas complejas. A la actividad del narcotráfico se suman delitos como el contrabando, la trata de personas y el sicariato. Las bandas actúan con estructuras tipo clan, utilizan tecnología de punta y encuentran mano de obra en sectores excluidos.
La frontera, caracterizada por pasos no habilitados, permite un tránsito vecinal informal que es aprovechado por estos grupos para cooptar personas y camuflar actividades ilegales. Se ha detectado el uso de “mulas” y “camellos” para transportar droga, así como el ingreso de cocaína a través de avionetas que lanzan cargamentos en zonas despobladas o en pistas clandestinas.
Pese al despliegue de fuerzas de seguridad y el aumento de controles, desde el Ministerio Público se advierte que la respuesta estatal todavía es insuficiente. Se plantea que un abordaje efectivo debe contemplar una mejora en las capacidades tecnológicas, junto con la implementación de políticas sociales, educativas y laborales que reduzcan la captación de personas por parte de estas redes criminales.
Toranzos también remarcó la situación presupuestaria crítica del Ministerio Público, lo que dificulta la plena implementación del sistema acusatorio en todo el país. A esto se suman las presiones mediáticas y políticas que enfrentan los fiscales en causas sensibles, lo que compromete la independencia y la seguridad de los operadores judiciales.
En este contexto, se valora positivamente cualquier programa que permita una intervención estatal más profunda, que contemple desde la tecnificación de los controles hasta la promoción de principios éticos desde edades tempranas, con el objetivo de enfrentar de manera estructural el avance del crimen organizado en el norte argentino.
