El ENRESP ordenó una auditoría a Edesa sobre sus cobros en Cafayate, Tartagal, General Pizarro y Orán, buscando evaluar su legalidad y transparencia.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) de Salta resolvió ordenar una auditoría a la empresa distribuidora de energía, Edesa S.A., para investigar la legalidad de sus cobros en los municipios de Cafayate, Tartagal, General Pizarro y San Ramón de la Nueva Orán. La medida busca verificar que los procesos de recaudación de la empresa se ajusten a las normativas nacionales y provinciales que protegen los derechos de los usuarios.
Mediante el Boletín Oficial, el ENRESP instruyó a su Gerencia Económica para que realice la auditoría, y estableció un plazo de 30 días para que Edesa detalle de manera clara los tributos incluidos en las facturas del servicio eléctrico, indicando el monto de cada uno. En caso de no cumplir con esta disposición, la empresa podría enfrentar sanciones y la suspensión de los cobros.
Además, Edesa deberá presentar en cinco días toda la documentación relacionada con la percepción de impuestos y tasas municipales para evaluar su legalidad. Si no se entrega la información requerida, el ENRESP podrá impugnar estos procedimientos de recaudación.
La resolución aclara que la medida no afecta la potestad tributaria de los municipios, que pueden establecer sus propios mecanismos de cobro. Sin embargo, cualquier cambio en la operatoria de Edesa deberá contar con el respaldo legal correspondiente y ser informado al ENRESP para su supervisión.