El caso de Santos Clemente Vera, quien fue absuelto en primera instancia y luego condenado a más de 10 años en el Penal de Villa Las Rosas por el crimen de turistas francesas, llevó a una serie de sucesos legales que luego orcurrieron y dejaron mal parada a la justivcia Salteña. Tras la revocación de su sentencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un diputado provincial presentó una denuncia contra los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar de la Sala III del Tribunal de Impugnación, quienes habían revocado la absolución inicial de Vera.
El Tribunal de Enjuiciamiento remitió el caso a la Procuración General de la Provincia. Pedro Garcia Castiella, el Procurador, fue asignado para determinar la admisibilidad de la denuncia. Castiella argumentó que, aunque el Tribunal de Impugnación no se desvió de la interpretación general al emitir la sentencia condenatoria, no consideró una normativa específica de Salta que requería una declaración de inconstitucionalidad para ser aplicada.
El Procurador también señaló que la Corte Suprema no abordó el fondo del asunto, sino que se limitó a verificar si existía arbitrariedad en la decisión de la Corte de Justicia de Salta. Además, indicó que los jueces cuestionados tenían la capacidad y la obligación de analizar y pronunciarse sobre las críticas a la valoración de la prueba, y que no había impedimentos para que realizaran dicha tarea. Esta omisión, según Castiella, podría ser motivo de revisión por el Jurado de Enjuiciamiento.
Finalmente, el sistema acusatorio es el encargado de autorizar formalmente las denuncias contra jueces, lo que permite que el Jury de Enjuiciamiento comience su labor. Este proceso está ahora en manos de la Procuración General, que evaluará la situación y decidirá los próximos pasos a seguir.
