En un fallo reciente, se ha puesto de manifiesto una serie de eventos que rodean a Monseñor Cargnello y acusaciones serias que datan desde la crisis económica de 2002. Según el documento, Cargnello admitió haber recibido un préstamo de dinero, alrededor de 9 mil dólares, por parte de una hermana durante dicho periodo de crisis, pero no hay registros de que este haya sido devuelto.
El caso también destapa comportamientos que podrían interpretarse como violencia de género en el contexto institucional religioso. Se describe un patrón de conducta que ha perjudicado a las denunciantes durante más de veinte años, incluyendo la obstrucción en la elección de la Priora, una figura clave dentro de la institución, y la retención indebida de fondos destinados a un retiro de sacerdotes.
La diócesis no ha emitido comentarios públicos en respuesta a las acusaciones contra Monseñor Cargnello. Según un informe de LA NACION, la institución ha mantenido silencio; un portavoz dijo: «Por ahora, no hay comentarios»1. Sin embargo, la Justicia de Salta ha encontrado culpable a Monseñor Cargnello y otros implicados, imponiéndoles tratamiento psicológico y restricción perimetral. La denuncia original fue realizada por las Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo en 2021, y la sentencia incluye la obligación de realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género y capacitación en cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente.
Tambien la elección de la Priora, que se renueva cada tres años, se ha visto obstaculizada desde 2011, cuando Cargnello se negó a enviar un representante para supervisar el proceso. Esta omisión ha tenido consecuencias prácticas significativas, impidiendo la firma de nuevos contratos de alquiler, que constituyen la principal fuente de ingresos para las hermanas. La falta de evidencia de devolución plantea preguntas sobre la gestión financiera y la transparencia dentro de la institución.
