Una compleja red dedicada a la explotación y organización de juegos de azar ilegales fue desmantelada en Salta, tras una extensa investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA). Como resultado, trece personas fueron imputadas y la fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7.
La investigación utilizó una figura inédita: el “Agente Encubierto Digital”, quien operó en plataformas de juegos en línea y medios informáticos simulando interés en los llamados “casinos online”. Esta estrategia permitió conocer en profundidad la operatoria delictiva desplegada tanto en la ciudad de Salta como en otras zonas del país.
Según los informes de la fiscalía, la organización actuaba a través de un sitio web vinculado a la plataforma internacional bet365, pero sin contar con licencia habilitante para operar en la provincia. La actividad, dirigida a residentes salteños, violaba la normativa vigente sobre juegos de azar.
La red operaba bajo una estructura jerárquica compuesta por distintos roles. En la cúspide se encontraban los «administradores generales», seguidos por operadores, promotores y “cajeros”, quienes captaban jugadores y gestionaban las cargas de dinero utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los sitios de apuestas empleados eran dominios falsificados que simulaban ser plataformas oficiales, lo que dificultaba su detección por parte de las autoridades.
Entre los principales implicados se encuentran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, señalados como administradores generales de la organización. También fueron identificados Mariela Andrea Mollo, Facundo Villalba, Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, todos con distintos grados de responsabilidad en la administración y expansión de la red.
Otros nombres relevantes son los de Andrea Celeste Verón y su pareja Juan José Carrasco, acusados de coordinar redes internas de cajeros y utilizar vehículos comprados con fondos de la organización. Asimismo, Constanza María Di Leandro, pareja de Galván, fue señalada como responsable de los movimientos financieros internos del grupo.
Los fondos eran gestionados a través de personas vinculadas a la firma AXON S.A.S., una empresa radicada en Buenos Aires que declara actividades distintas a los juegos de azar.
El trabajo investigativo, basado en análisis contables, cruces de datos, intervenciones telefónicas, allanamientos y seguimiento virtual, permitió reunir pruebas clave sobre la operatoria ilegal. Para la fiscal Salinas Odorisio, estas actividades no solo representaron un perjuicio económico para la provincia, sino que comprometieron la integridad del sistema regulatorio del juego en Salta.
El proceso judicial avanza, y se espera que en los próximos meses comience el juicio oral contra los implicados en esta red de apuestas clandestinas que operaba bajo el nombre de “Las Únicas”.
