A pesar de la reciente finalización de un alambrado fronterizo entre Argentina y Bolivia en la zona de Aguas Blancas, el paso ilegal de personas y mercadería continúa sin mayores inconvenientes.
El cruce informal entre la localidad salteña y la ciudad boliviana de Bermejo se mantiene como una de las principales rutas de ingreso de productos sin declarar al país.
La obra, que demandó una inversión de 36 millones de pesos, no logró frenar el tránsito constante de carritos y lanchas que trasladan electrodomésticos, ropa, alimentos, calzado y otros bienes. Los productos ingresan a través del río, muchas veces impulsados por trabajadores informales, conocidos como “peseros” o “fletes”, que cobran tarifas según el tamaño o el peso de la carga.
El atractivo principal sigue siendo la diferencia de precios. En Bolivia, los productos pueden llegar a costar hasta un 80% menos que en la Argentina. Por ejemplo, una televisión de 55 pulgadas puede conseguirse por $110.000, una heladera por $520.000, y una docena de zapatillas por $100.000. Además, electrodomésticos como lavarropas llegan a costar menos de la mitad que en el mercado argentino.
El costo para cruzar estos productos varía: llevar una heladera desde Bolivia puede costar alrededor de $80.000, mientras que el cruce simple de una persona sin documentación ronda entre $2.000 y $3.000. El pago puede hacerse incluso a través de billeteras virtuales, lo que ha facilitado aún más las transacciones.
En este contexto, la falta de controles fronterizos efectivos genera preocupación. Las fuerzas de seguridad, como Gendarmería y Prefectura, mantienen una presencia intermitente, con operativos puntuales que no logran frenar el flujo diario de personas y productos.
La situación refleja también la alta informalidad laboral que afecta a la región. Salta registra uno de los índices más altos de empleo no registrado del país, y para muchas familias, el trabajo informal vinculado al contrabando representa una fuente de ingresos esencial.
La competencia desleal que enfrenta el comercio formal argentino frente a estos precios y el ingreso de productos sin regulación plantea un desafío persistente tanto para la economía local como para las autoridades nacionales encargadas de la fiscalización.
