La comunidad coya de Tolar Grande pidió al Senado mayor fiscalización sobre las empresas mineras que operan en la región. Denuncian maniobras para falsear domicilios y excluir a los verdaderos habitantes de los beneficios laborales.
En una reunión con la Comisión de Minería del Senado, representantes de la comunidad originaria coya de Tolar Grande reclamaron controles efectivos para garantizar que las empresas mineras cumplan con la contratación de mano de obra y proveedores locales.
Mario Alancay, cacique de la comunidad, advirtió que muchas compañías simulan cumplir con los cupos exigidos mediante la incorporación de personas que figuran con domicilio local, pero no viven en la zona. “Somos menos de 280, pero el padrón muestra más de 600”, denunció.
También señaló que los habitantes locales solo son contratados en la etapa de construcción, pero luego quedan afuera al iniciar la producción. Las capacitaciones que ofrecen las empresas, además, son «muy básicas» y no habilitan a los vecinos a acceder a empleos calificados.
Los senadores Leopoldo Salva, Gonzalo Caro Dávalos y Gustavo Carrizo coincidieron en la urgencia de revisar la Ley de Promoción Minera, establecer años mínimos de residencia, sanciones más severas y articular políticas de control sostenido con participación de la Sindicatura General y el Ministerio de Seguridad.
Se anunció además la construcción de un centro de control minero en el cruce de la RN51 y RP27, con intervención de diversas áreas provinciales. La intención: garantizar que el desarrollo minero deje un impacto positivo y duradero en las comunidades.
