El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, aclaró las razones detrás de los aumentos en las tarifas eléctricas y defendió las políticas provinciales para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, ante las críticas de las cámaras empresariales del norte.
Carlos «Uluncha» Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), salió al cruce de las críticas vertidas por las cámaras empresariales de Orán y Tartagal, quienes cuestionaron tanto el aumento de las tarifas eléctricas como la calidad del servicio en esas zonas del norte de la provincia. En un comunicado oficial, las cámaras acusaron al Enresp de ser un «sello de goma», sin capacidad de control real sobre la situación.
Saravia explicó que los incrementos en las tarifas no son una decisión local, sino que responden a políticas nacionales, principalmente la quita de subsidios y el ajuste del precio de la energía. Aclaró que, a nivel nacional, la tarifa media total aumentó en promedio un 257% como resultado de estas medidas, lo que ha afectado a todos los sectores del país. Sin embargo, destacó las acciones implementadas por la provincia para atenuar este impacto, especialmente en los sectores más vulnerables.
Uno de los puntos clave de su intervención fue la explicación sobre el sistema de subsidios segmentados, el cual afecta de manera desigual a las familias del norte. Saravia explicó que las familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, unas 700 mil pesos, tienen un consumo subsidiado de hasta 350 kWh al mes, mientras que aquellas con ingresos medios (entre 900 mil y 3 millones de pesos) solo reciben subsidio para 250 kWh. En el norte, donde las altas temperaturas incrementan el consumo de electricidad, las familias terminan pagando gran parte de la tarifa sin subsidios, a pesar de tener ingresos medios.
Para mitigar esta carga, Saravia destacó que el Gobierno de Salta implementó una tarifa diferencial para las zonas cálidas de la provincia, un beneficio que alcanza a 102.000 familias en departamentos como Anta, Rivadavia, Güemes, Orán y San Martín, y en municipios como El Potrero, El Galpón y La Candelaria. Este subsidio reduce entre un 30% y un 50% las tarifas eléctricas durante cinco meses al año, con un costo total de 8.569 millones de pesos en los últimos dos veranos.
Además, el Gobierno de Salta ha otorgado subsidios a comercios e industrias, con un descuento del 30% durante un año, lo que representó una inversión adicional de 1.423 millones de pesos, sumando casi 10.000 millones de pesos en subsidios provinciales.
Las críticas de las cámaras empresariales de Orán y Tartagal también se centraron en los cortes de suministro eléctrico. Saravia aclaró que la mitad de los cortes en estas localidades son responsabilidad de Transnoa, la empresa encargada del transporte de energía a nivel nacional. A pesar de no tener control sobre Transnoa, el Enresp ha presentado siete denuncias ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para exigir soluciones.
En cuanto a la falta de inversión en infraestructura, Saravia defendió la gestión provincial al informar que entre 2021 y 2024 se destinaron más de 16.000 millones de pesos en obras de mejora del servicio eléctrico en Salta. Citó como ejemplo las inversiones de 2.452 millones de pesos en San Martín y los planes de inversión de Edesa, que incluyen 4.121 millones para 2025 y 8.500 millones para la nueva estación transformadora de Embarcación.
Saravia concluyó que, desde que asumió la presidencia del Enresp en 2019, las multas por infracciones de las empresas distribuidoras se han incrementado significativamente, pasando de 5 millones de pesos por semestre a 1.723 millones en el último semestre de 2024. “Ese dinero se devuelve a los usuarios”, afirmó, reiterando el compromiso de su gestión con el control y la mejora del servicio eléctrico en Salta.
