El Congreso Nacional comenzó a debatir este miércoles el pedido de desafuero del diputado salteño Emiliano Estrada, acusado de utilizar fondos públicos para financiar una red de desinformación y ataques políticos en redes sociales.
La audiencia, convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se inició a las 17 y puso al legislador en el centro de una causa que combina ribetes judiciales y un fuerte impacto político.
Durante el debate, la diputada Pamela Calletti expuso detalles del expediente que investiga a Estrada por presunta malversación de fondos y peculado de servicios, al haber presuntamente ordenado a asesores pagos por la Cámara de Diputados realizar tareas ajenas a sus funciones.
Según explicó la legisladora, los excolaboradores del diputado declararon ante la Justicia haber recibido órdenes “para abrir cuentas falsas, producir videos y difundir noticias destinadas a atacar y desprestigiar a dirigentes, periodistas y funcionarios, entre ellos al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz”.
“No lo digo yo, lo dicen los recibos de sueldo y los comprobantes que están en la causa penal”, enfatizó Calletti. “Se usaron recursos de la Cámara para fines personales y políticos, y eso constituye malversación de fondos públicos y violación de los deberes de funcionario público”.
La denuncia sostiene que las operaciones se realizaron desde cuentas de TikTok y otras plataformas digitales, administradas durante horario laboral y con equipos pertenecientes al Congreso. Para la fiscalía, esto implicaría un uso indebido de los recursos del Estado “con el propósito de manipular la opinión pública y atacar adversarios políticos”.
El avance judicial y las tensiones políticas
El proceso judicial se encuentra en una etapa clave. La Sala II de la Cámara Federal rechazó los recursos de la defensa de Estrada y avaló el pedido de desafuero, que fue remitido a la Cámara Baja para su tratamiento. Paralelamente, existe un pedido de embargo del sueldo del diputado impulsado por la parte querellante.
La comisión presidida por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) deberá ahora definir si recomienda el levantamiento de los fueros para que la Justicia federal pueda avanzar con la causa.
En medio de una semana cargada de tensiones políticas, el caso sacude al arco político salteño: Estrada, que había intentado posicionarse como referente opositor provincial, enfrenta hoy una acusación que lo coloca del otro lado del discurso ético que intentaba sostener.
De prosperar el desafuero, la investigación podría avanzar con nuevas imputaciones por malversación y peculado, delitos que contemplan penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
