El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ratificó su competencia para llevar adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. La decisión marca un avance crucial en el proceso judicial que investiga las responsabilidades penales de altos mandos de la Armada Argentina, en un hecho que dejó 44 muertos y sigue conmoviendo a la sociedad.
El fallo avala la elevación parcial a juicio contra cuatro exoficiales: Claudio Villamide (excomandante de la Fuerza de Submarinos), Luis Enrique López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval), Héctor Alonso (exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos) y Hugo Miguel Correa (exjefe de Operaciones). Están imputados por los delitos de estrago culposo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio.
La resolución judicial también rechazó los pedidos para trasladar el expediente a los tribunales de Mar del Plata o Comodoro Py, donde algunas defensas argumentaban que se originaron las decisiones que derivaron en la tragedia. La Justicia consideró que el lugar de la implosión —en aguas del Atlántico sur, próximas a Santa Cruz— justifica que el juicio se realice en esa jurisdicción.
Hasta el momento, la causa tiene solo a estos cuatro exoficiales imputados. No hay procesados del ámbito político, aunque en otro tramo del expediente figuran denunciados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada, Marcelo Srur.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ya había ordenado en su momento investigar si estos exfuncionarios conocían los detalles del ejercicio naval que realizaba el submarino al momento del hundimiento. Aún no se registran avances significativos en esa línea.
La decisión del tribunal de Santa Cruz allana el camino para que el juicio oral comience en los próximos meses, al menos para los imputados militares. Para las familias de los 44 tripulantes, se trata de un paso necesario en la búsqueda de justicia. Sin embargo, el reclamo por las responsabilidades políticas sigue vigente y continúa siendo una de las grandes deudas del caso.
