La designación de personal en puestos permanentes por parte de la Municipalidad de Salta, plantea una seria preocupación en cuanto al cumplimiento de la Ley N° 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Según esta ley, queda terminantemente prohibido realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente en los últimos trimestres del mandato al frente de la gestión pública. Esto abarca la restricción de aumentos en gastos relacionados con el personal, contrataciones y designaciones en el ámbito estatal.
Sin embargo, parece que Bettina Romero ignora estas restricciones legales. Las resoluciones que permiten estos nombramientos han sido firmadas por la intendenta y el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, quienes han dado su aprobación a pesar de las advertencias y requisitos legales. Esto no solo plantea serias dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de las leyes, sino que también complica en gran medida el proceso administrativo de transición que debe llevarse a cabo en la comuna.
En lugar de seguir las pautas de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, la Municipalidad de Salta optó por tomar un camino que puede socavar la eficiencia y la integridad del proceso de cambio de gestión. La priorización de nombramientos de personal con afinidades políticas por encima del cumplimiento de la ley no es un buen augurio para la futura administración municipal, que heredara muchos problemas de unas de las peores gestiones comunales de Salta capital.
