Mientras el organismo provincial defiende la actualización de los valores para garantizar la sustentabilidad del sistema de construcción, el mapa de pagos refleja un fuerte contraste entre los contratos protegidos por condiciones originales y las viviendas de reciente entrega.
El universo de las viviendas sociales en la provincia atraviesa un escenario de contrastes extremos donde conviven pagos casi simbólicos con compromisos financieros acordes al costo actual de la construcción.
Según detalló la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Laura Caballero, todavía existen familias que abonan una cuota base de apenas $600 debido a que sus planes fueron otorgados antes de 2019 bajo contratos originales que no contemplaban mecanismos de actualización y que se mantuvieron inalterables gracias a la regularidad de los pagos.
La desactualización de estos montos históricos llegó a ser tan profunda que el propio costo administrativo de emitir la boleta superaba el valor del canon mensual, lo que obligó al organismo a incorporar un recargo operativo mínimo sin modificar la estructura contractual de base.
En la vereda opuesta se encuentran los complejos habitacionales de reciente entrega, como los desarrollados en Pereira Rosas, donde los adjudicatarios que optan por plazos de financiación de 15, 25 o 30 años enfrentan cuotas mensuales que rondan los $500 mil.
Frente a este panorama, la funcionaria remarcó la imperiosa necesidad de retroalimentar los recursos del organismo mediante la aplicación de coeficientes de actualización, congelados durante años y reactivados a fines de 2024, para asegurar que los fondos recaudados sigan impulsando nuevas soluciones habitacionales en la región.
