A casi dos años de su puesta en marcha formal, la justicia penal salteña atraviesa un inquietante limbo procesal donde los juicios populares brillan por su ausencia, una parálisis estructural que el exmagistrado federal atribuyó sin ambages a fallas de origen legislativo y a una total falta de preparación técnica en los tribunales.
El prometido cambio de paradigma en el sistema de enjuiciamiento penal de Salta choca contra una realidad de bajísima intensidad y escasa transparencia pública, sintetizada en los apenas tres debates con ciudadanos realizados en todo el territorio provincial desde la vigencia de la ley.
Para el exjuez federal Miguel Medina, el diagnóstico es lapidario: la norma nació imperfecta al consagrar la obligatoriedad del jurado popular para los crímenes más aberrantes —como los homicidios calificados con prisión perpetua—, pero abriendo simultáneamente una puerta de escape a través de los juicios abreviados, un atajo donde fiscales y defensores pactan condenas a espaldas de la participación ciudadana.
En esa línea, el magistrado advirtió que ni fiscales, jueces ni abogados cuentan con la capacitación específica requerida para litigios de semejante complejidad, alertando además sobre las asimetrías que sufren quienes dependen de la defensa oficial frente a los letrados particulares.
Aunque reconoció que la Corte de Justicia cumplió con la letra formal de la ley al confeccionar los padrones en los veinticuatro departamentos, Medina insistió en que el combo letal entre la amnesia institucional, la falta de información oficial y las vías de excepción abreviadas terminaron por vaciar de contenido una herramienta llamada a transformar la democracia judicial.
