El máximo tribunal declaró abstracto el conflicto de competencia y ordenó que las causas continúen por separado: el presunto peculado seguirá en la Justicia Federal de Buenos Aires y la investigación por la campaña de noticias falsas permanecerá en Salta.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el conflicto de competencia que involucraba al diputado salteño Emiliano Estrada y confirmó, en los hechos, qué tribunales continuarán con las investigaciones abiertas en su contra.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, adhirió al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal, y consideró que la cuestión había quedado abstracta porque la disputa entre los juzgados federales de Salta y Buenos Aires ya había sido resuelta previamente.
La resolución dispuso remitir las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires y notificar tanto al Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta como al Juzgado de Garantías de Octava Nominación del Distrito Judicial Centro.
El expediente había llegado a la Corte a partir de un conflicto que involucraba a tres tribunales. El origen de la investigación se encontraba en la Justicia provincial de Salta, donde se analizaron dos hechos vinculados: por un lado, una presunta campaña de noticias falsas contra figuras públicas y, por otro, la posible utilización de dos asesores contratados por el Congreso para participar de esas acciones.
La primera cuestión quedó bajo jurisdicción provincial, mientras que el presunto uso de recursos del Estado nacional fue remitido al fuero federal por tratarse de fondos vinculados al Tesoro de la Nación.
En paralelo, una denuncia por los mismos hechos ya tramitaba ante el Juzgado Federal N° 7 de Buenos Aires. Ese tribunal había sostenido que la investigación relacionada con la difusión de noticias falsas correspondía a la Justicia provincial y que el presunto peculado debía ser analizado por la Justicia Federal porteña, debido a que los hechos vinculados a los asesores contratados por el Congreso habrían ocurrido en el ámbito de ese poder del Estado.
La situación terminó de definirse cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió el 10 de febrero que el Juzgado Federal N° 7 de Buenos Aires era competente para investigar el presunto peculado.
Con esa decisión, la competencia sobre los dos hechos quedó distribuida entre distintos fueros: Buenos Aires quedó a cargo de la investigación por el supuesto uso irregular de recursos públicos y Salta mantuvo la causa relacionada con la campaña de noticias falsas.
Por ese motivo, Casal sostuvo que el conflicto que había llegado a la Corte ya no requería una resolución de fondo. El máximo tribunal compartió ese criterio y declaró abstracta la cuestión, sin incorporar fundamentos propios.
En la causa provincial, además, ya existe un antecedente judicial. Los exasesores de Estrada fueron condenados como partícipes mediante un juicio abreviado realizado en mayo de 2025 ante el juez de Garantías de Séptima Nominación, Pablo Zerdán. Posteriormente, el expediente pasó al juzgado de Octava Nominación para preservar la imparcialidad, debido a que el magistrado que intervino inicialmente ya se había pronunciado sobre la responsabilidad de los demás involucrados.
De esta manera, el escenario judicial para Estrada queda dividido. El Juzgado Federal N° 7 de Buenos Aires continuará con la investigación por el presunto peculado relacionado con la contratación de asesores del Congreso, mientras que el Juzgado de Garantías de Octava Nominación de Salta seguirá adelante con la causa provincial por la presunta campaña de noticias falsas.
