El gremio se declaró en alerta ante la posibilidad de que las empresas reduzcan servicios o adopten medidas sobre el personal por la deuda que mantienen con SAETA. Aseguraron que los salarios y aportes de los choferes están al día.
La disputa por los pagos pendientes entre SAETA y las empresas que operan el transporte metropolitano generó una advertencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que anticipó que intervendrá si el conflicto deriva en despidos, suspensiones o cualquier otra medida que afecte a los trabajadores.
Gerónimo Requena, secretario de Prensa y Difusión del sindicato, sostuvo que los choferes quedaron expuestos por un conflicto que tiene como protagonistas a las empresas prestatarias y al sistema de transporte provincial. En ese sentido, cuestionó que el personal pueda quedar involucrado como consecuencia de las dificultades financieras de las compañías.
Las empresas establecieron el jueves 24 de septiembre como plazo para que se regularicen los pagos reclamados. Según la presentación realizada por las prestatarias, la deuda comprende parte de las certificaciones correspondientes a julio y agosto, además de fondos relacionados con el combustible de septiembre. Ante ese escenario, advirtieron sobre posibles dificultades para sostener las órdenes de servicio durante el día y la noche.
Desde la UTA señalaron que una eventual reducción de personal aparece mencionada de manera indirecta entre las consecuencias planteadas por las empresas. Requena afirmó que el sindicato seguirá la evolución del conflicto y que responderá si alguna de las medidas termina alcanzando a los empleados.
“Si hay algún compañero que se vea afectado, vamos a salir al cruce y tomar todas las medidas que sean necesarias”, sostuvo el dirigente.
El sector involucrado reúne a unos 1.200 trabajadores del transporte urbano. Sin embargo, Requena aclaró que por el momento la situación no alcanzó al pago de haberes ni a los aportes correspondientes, que, según indicó, continúan siendo cumplidos por SAETA y el Gobierno provincial.
El conflicto queda así concentrado, por ahora, en las obligaciones pendientes con las empresas prestatarias y en la posibilidad de que esas diferencias terminen repercutiendo sobre la prestación del servicio y las condiciones laborales.
