El proyecto enviado al Congreso propone modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, eliminando la tarifa uniforme y permitiendo que cada obra social negocie montos distintos, lo que genera profunda preocupación entre prestadores y organizaciones sociales.
El debate en torno al financiamiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad sumó un nuevo foco de tensión con la inclusión de un artículo en el proyecto de Presupuesto 2027 que propone transformar radicalmente el esquema de aranceles vigente. La iniciativa gubernamental busca eliminar los valores universales contemplados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas —un esquema de uniformidad consagrado legalmente para garantizar equidad en todo el sistema—, lo que habilitaría a que cada financiador acuerde montos diferenciados de manera directa con los prestadores de salud y terapias.
Especialistas y referentes del sector han expresado su más enérgico rechazo ante una modificación que, a su entender, dinamitará el principio de igualdad de oportunidades que rige en la actualidad.
Desde organizaciones como la Fundación Anidar advirtieron que fragmentar el nomenclador provocará asimetrías severas, donde las obras sociales con menores recursos presupuestarios reconocerán tarifas muy inferiores, limitando de manera drástica la oferta y la calidad de los tratamientos disponibles para los pacientes.
Con este nuevo escenario de negociación descentralizada, las familias más vulnerables se enfrentarían al riesgo inminente de tener que afrontar de su propio bolsillo los copagos o las diferencias económicas que las coberturas médicas se nieguen a absorber.
La advertencia cobra mayor gravedad si se considera que el tejido normativo actual ya enfrenta recurrentes colapsos judiciales, con miles de amparos presentados por usuarios para exigir el cumplimiento de las prestaciones básicas.
Despojar al sistema del paraguas legal que garantiza aranceles homogéneos no solo desataría un caos administrativo en los estrados judiciales, sino que trasladaría el ajuste fiscal directamente sobre los sectores que dependen del Estado y de la seguridad social para sostener su calidad de vida, en momentos en que el Congreso también analiza prorrogar la emergencia en el área hasta fines de 2027.
