Un legislador provincial advirtió sobre maniobras en la comercialización de cigarrillos que provocarían pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares anuales al fisco nacional, afectando de manera directa los recursos del Fondo Especial del Tabaco y las cuentas de la seguridad social.
Una grave controversia sacude a la economía regional y al sistema tributario nacional tras la formalización de denuncias sobre supuestas irregularidades en la declaración de precios por parte de determinadas empresas tabacaleras.
El planteo, impulsado por el senador provincial Enrique Cornejo, pone el foco en una maniobra mediante la cual los fabricantes registrarían ante los organismos de control valores de comercialización exponencialmente menores a los que efectivamente abona el consumidor final en los puntos de venta de todo el país, generando un perjuicio fiscal de dimensiones colosales que golpea tanto a las arcas del Estado como a las economías del norte argentino.
De acuerdo con los relevamientos presentados ante las autoridades nacionales tras una serie de gestiones realizadas en Buenos Aires por representantes del sector y legisladores, la brecha entre los importes informados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los precios reales de mercado alcanza niveles críticos.
Como ejemplo de esta distorsión, se señaló que determinadas marcas comercializan productos cuyos valores declarados rondan los ochocientos o mil pesos, mientras que en las góndolas y kioscos superan ampliamente esas cifras debido a una presunta elevación informal en la cadena de distribución. Informes elaborados por consultoras privadas estiman que este desfasaje le cuesta al Tesoro Nacional una merma estimada en setecientos millones de dólares al año, erosionando la recaudación por impuestos internos, el Impuesto al Valor Agregado y otros componentes fiscales de coparticipación federal.
El impacto de esta operatoria recae con especial dureza sobre el Fondo Especial del Tabaco (FET), cuyos recursos se alimentan directamente del precio final de venta de los atados, restando fondos vitales para el sostenimiento de los productores norteños. Asimismo, el perjuicio se extiende al Fondo de Asistencia Social, que dejaría de percibir unos setenta millones de dólares anuales destinados a financiar las prestaciones de la ANSES.
Frente a este escenario de evasión encubierta, el sector tabacalero elevó una propuesta concreta ante el organismo recaudador y las carteras nacionales consistente en la incorporación obligatoria de un código QR en cada paquete, una herramienta tecnológica que permitiría al consumidor escanear y constatar en tiempo real el precio oficial declarado por el fabricante, transparentando una cadena comercial bajo la lupa de la justicia y los ministerios económicos.
