Un informe de la UNSa advierte que la morosidad alcanza niveles mucho más altos fuera de la banca tradicional. Los préstamos de fintech y billeteras virtuales aparecen como uno de los principales focos de preocupación.
La capacidad de las familias para afrontar sus deudas continúa bajo presión y Salta se encuentra entre las provincias con mayores niveles de morosidad del país. Según datos analizados por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el indicador provincial ronda el 33%, aunque la situación varía considerablemente según el tipo de entidad que otorgó el crédito.
El economista Gastón Carrazán explicó que, a nivel nacional, la morosidad crediticia se mantiene alrededor del 12,6%. Sin embargo, detrás de ese promedio aparecen diferencias marcadas: mientras que en los bancos tradicionales se ubica entre el 4% y el 6%, en las entidades no financieras supera el 30%.
Salta aparece así en el séptimo lugar entre los distritos con mayor morosidad. En el caso de los créditos bancarios, la mora provincial ronda el 12%, mientras que entre las fintech y billeteras virtuales supera el 30%.
Préstamos más accesibles, pero mucho más caros
Carrazán señaló que parte del problema está relacionada con el perfil de quienes acceden a estos créditos. Los bancos suelen exigir mayores requisitos, mientras que las plataformas digitales ampliaron el acceso al financiamiento a personas que anteriormente quedaban fuera del sistema bancario.
El costo de esa facilidad de acceso puede ser elevado. Según el economista, el costo financiero total de algunos de estos préstamos puede alcanzar entre el 500% y el 800%.
Así, un crédito de $100.000 puede transformarse rápidamente en una deuda de varios cientos de miles de pesos, especialmente cuando el usuario no logra cumplir con los vencimientos.
El fenómeno adquiere particular relevancia en el norte argentino, donde los ingresos son más bajos y una deuda puede representar una proporción mayor del presupuesto mensual de una familia.
El informe también pone el foco en una cuestión menos visible: una reducción de los índices de morosidad no necesariamente significa que las familias hayan recuperado su capacidad de pago.
Para medir la mora se toma como referencia, entre otros criterios, un atraso de 90 días. Cuando la situación se prolonga, la deuda puede pasar a categorías de mayor riesgo o incluso ser considerada incobrable.
También existen mecanismos como la refinanciación o el denominado “rolleo” de deuda, mediante los cuales se genera un nuevo financiamiento para cancelar una obligación anterior y extender los plazos de pago.
De esta manera, una mejora en los números puede ocultar que el deudor simplemente reemplazó una deuda por otra.
Para Carrazán, por eso, el porcentaje general de morosidad no alcanza para dimensionar el problema. También es necesario observar el monto solicitado, el costo del crédito, los ingresos del deudor y sus posibilidades reales de ponerse al día.
