El Tribunal Oral Federal 2 ordenó medidas cautelares sobre 144 bienes, incluyendo propiedades en la Patagonia, vehículos y más de U$S 5 millones para asegurar el decomiso por la condena.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictó una nueva serie de embargos preventivos sobre propiedades, vehículos y activos societarios vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. La resolución, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, forma parte de una segunda etapa del proceso de decomiso patrimonial.
La medida tiene como objetivo preservar los bienes mientras se define el destino final de los activos para afrontar el monto de $ 685 mil millones fijado en la sentencia. El tribunal aclaró que esto no implica un remate inmediato ni que los titulares pierdan la propiedad de forma definitiva en esta instancia.
Entre los bienes alcanzados figura el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la exmandataria cumple su arresto domiciliario. El inmueble pertenece a la sociedad inmobiliaria Los Sauces, investigada anteriormente por lavado de activos.
La Justicia remarcó que el embargo sobre este domicilio no obliga a Cristina Kirchner a abandonar la propiedad de manera automática. La intención de los magistrados es impedir que los activos sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción durante el proceso judicial.
El listado incluye también unidades en el complejo Madero Center de Puerto Madero, consistentes en un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con cocheras y baulera. Estas propiedades habrían tenido como único inquilino al empresario Cristóbal López.
En la provincia de Santa Cruz, las medidas recayeron sobre el terreno del Hotel La Aldea del Chaltén y diversos lotes en El Calafate. También se embargó el chalet de la expresidenta en la costanera de Río Gallegos y otras tres viviendas en esa misma ciudad.
La resolución judicial también afectó el dinero atribuido a Florencia Kirchner hallado en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la investigación de la causa Hotesur. Se trata de una suma superior a los U$S 5 millones cuyo origen lícito no habría sido acreditado.
Además, el tribunal ordenó la reinscripción de embargos sobre vehículos de los condenados, entre ellos un Honda CR-V de la expresidenta. También se incluyeron automóviles de lujo y modelos clásicos pertenecientes a Lázaro Báez y otros exfuncionarios.
