Un proyecto que será analizado en Diputados propone crear un padrón obligatorio para repartidores y empresas. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad, formalizar la actividad y establecer requisitos mínimos para su funcionamiento.
La actividad de los repartidores y cadetes podría quedar bajo un nuevo marco regulatorio en Salta si prospera un proyecto que integra el temario de la próxima sesión de la Cámara de Diputados provincial.
La iniciativa plantea la creación del Registro Provincial de Prestadores de Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y actividades afines, un instrumento que permitiría identificar y controlar a quienes desarrollan tareas de reparto tanto de manera independiente como a través de plataformas digitales.
El proyecto fue impulsado por el diputado Adrián Valenzuela Giantomasi y contempla la inscripción obligatoria de personas físicas y empresas vinculadas al sector.
Entre los aspectos previstos se incluyen requisitos relacionados con habilitaciones, cobertura de seguros, identificación visible de los trabajadores y condiciones de seguridad para quienes realizan repartos en motocicletas o bicicletas.
La propuesta también incorpora a los trabajadores que operan mediante aplicaciones móviles y plataformas digitales, un segmento que registró un fuerte crecimiento en los últimos años y que actualmente carece de una regulación específica a nivel provincial.
Según los fundamentos del proyecto, la intención es ordenar una actividad cada vez más extendida en las ciudades salteñas, mejorar las condiciones laborales de los repartidores y fortalecer la seguridad vial.
Además, la creación de una base de datos oficial permitiría contar con información precisa sobre la cantidad de trabajadores y empresas que prestan estos servicios en la provincia.
Por el momento, la iniciativa aún no cuenta con los dictámenes de comisión necesarios para avanzar en el proceso legislativo, por lo que su tratamiento definitivo dependerá de los acuerdos y análisis previos a la sesión prevista para este martes.
De aprobarse, Salta se sumaría a otras jurisdicciones que comenzaron a debatir mecanismos de regulación para una actividad que se consolidó como una pieza clave de la economía urbana y del comercio digital.
