El incremento será del 2,8% desde mayo y el Ente Regulador aseguró que quedó limitado por el tope inflacionario establecido por ley.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) autorizó una nueva actualización en las tarifas del servicio eléctrico que presta ESED S.A., con un incremento del 2,8% que comenzará a aplicarse desde mayo de 2026.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 870/2026, publicada en el Boletín Oficial provincial, luego del análisis técnico realizado sobre la estructura de costos de la empresa distribuidora.
Según informó el organismo, ESED había solicitado una actualización tarifaria superior, calculada sobre costos operativos correspondientes a diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe elaborado por la Gerencia Económica del ENRESP, el ajuste requerido para cubrir la totalidad de los costos reales ascendía al 5,54%, impulsado por aumentos en mano de obra, materiales y gastos operativos vinculados a la prestación del servicio.
Sin embargo, el organismo resolvió limitar la suba al 2,8% en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 8.457/24, que establece que las actualizaciones tarifarias no pueden superar la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
El informe oficial también expone la situación financiera de la empresa. Según los datos difundidos, ESED registra ingresos anuales por aproximadamente $6.954 millones, mientras que sus costos operativos actualizados alcanzan los $7.339 millones, generando un desfasaje superior a los $385 millones.
Desde el ENRESP remarcaron además que el 66% de los usuarios residenciales de ESED accede actualmente a subsidios provinciales a través del régimen de tarifa social, destinado a hogares que utilizan el suministro como residencia principal y cumplen determinados requisitos socioeconómicos.
En los fundamentos de la resolución, el organismo sostuvo que la actualización busca garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico sin perder de vista la situación económica de los usuarios.
El texto oficial también hace referencia a criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la necesidad de evitar tarifas consideradas “confiscatorias”, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y caída del poder adquisitivo.
La actualización se suma a una serie de ajustes tarifarios que vienen impactando sobre los servicios públicos en todo el país, en medio de un escenario marcado por inflación, aumento de costos operativos y tensión sobre el bolsillo de los consumidores.
