La presidenta de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas de la Legislatura provincial, Patricia Hucena, cuestionó con dureza el informe definitivo de auditoría.
Según indicó la legisladora, durante la reunión el auditor Marcos Segura Alsogaray reconoció situaciones vinculadas a obras inconclusas, adelantos financieros sin ejecución y expedientes con documentación incompleta.
“El auditor reconoció varias cosas gravísimas, habló de obras inconclusas, de adelantos financieros que se dieron sin ejecución y del inconveniente clave, que es la falta de documentación y expedientes incompletos”, sostuvo Hucena.
La diputada explicó que esa ausencia de documentación llevó a la Auditoría General de la Provincia a abstenerse de emitir una opinión definitiva sobre distintos aspectos vinculados al manejo de los fondos.
“Nosotros tenemos que evaluar cuentas generales del ejercicio y la abstención no nos dice ni sí ni no”, cuestionó.
Hucena también señaló que durante la exposición quedó en evidencia una fuerte interna dentro del organismo de control.
“Él mismo reconoció que había una disidencia interna fuerte, incluso dijo que era más fuerte de lo habitual. Ese término me llamó mucho la atención”, afirmó.
Otro de los puntos observados fue el alcance parcial de la auditoría. De las 176 obras previstas originalmente en el Fondo de Reparación Histórica, solo se analizaron 80 expedientes, aunque desde la Auditoría señalaron que representan cerca del 87% de los recursos ejecutados.
Además, la legisladora advirtió que el trabajo se concentró principalmente en aspectos financieros y no en auditorías de gestión vinculadas al avance real de las obras.
También apuntó contra las demoras en el proceso de control. Recordó que el período auditado corresponde a los años 2012 a 2019, mientras que las tareas de campo comenzaron recién en 2020.
“Estamos en 2026 y el informe definitivo salió hace menos de un mes”, remarcó.
En ese contexto, confirmó que las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 aún no fueron aprobadas por la Legislatura debido a la falta de información requerida desde hace años por la comisión.
“Aquí hay una tardanza extrema que ellos mismos reconocen”, concluyó.
