Autoridades provinciales analizaron el impacto de mensajes intimidatorios vinculados a un reto viral y avanzan en nuevas medidas de prevención.
El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, encabezó una reunión con funcionarios del Ejecutivo provincial para evaluar las intervenciones judiciales y policiales originadas por mensajes intimidatorios detectados en establecimientos educativos durante los últimos días.
Del encuentro participaron la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero. El eje central fue el abordaje de una serie de episodios asociados a un “reto viral” que también tuvo repercusiones en otras provincias y países.
Según se informó oficialmente, hasta el momento se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en causas iniciadas por presunta intimidación pública.
Durante la reunión se analizaron las implicancias legales de los hechos denunciados y la aplicación de protocolos internos en las instituciones afectadas.
Desde el Ministerio de Educación señalaron que ninguna escuela suspendió el dictado de clases y que la actividad académica continúa con normalidad. También indicaron que se estudian posibles sanciones disciplinarias para quienes resulten responsables.
Además, remarcaron que este año comenzó a aplicarse una normativa específica con procedimientos para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
Las autoridades también avanzaron en la posibilidad de crear una unidad preventiva con intervención de padres o tutores, en línea con la legislación nacional sobre convivencia escolar y resolución de conflictos.
Por su parte, Seguridad destacó el despliegue operativo realizado por la Policía para tareas de control y prevención, y recordó la responsabilidad legal de adultos responsables ante conductas delictivas cometidas por menores.
Finalmente, se acordó impulsar nuevas instancias de capacitación destinadas a docentes, personal de seguridad y operadores judiciales para fortalecer la detección temprana y la respuesta ante este tipo de situaciones.
