Denuncian deudas, recortes y demoras en tratamientos. La posible quita de un adicional pone en riesgo la continuidad de médicos de cabecera.
La situación del PAMI suma tensión en todo el país y enciende señales de alerta en Salta, donde trabajadores del organismo advierten sobre un escenario crítico que podría afectar directamente la atención de miles de afiliados.
Desde el sector denuncian un proceso de deterioro sostenido que, aseguran, se profundizó en los últimos meses. Uno de los puntos más sensibles es la posible eliminación de un adicional que perciben los médicos de cabecera, una medida que —según advierten— podría provocar una salida masiva de profesionales del sistema.
“Van a empezar a desafiliarse médicos”, alertaron, al explicar que cada profesional tiene a su cargo entre 700 y 800 pacientes y recibe un monto fijo por esa cobertura, complementado hasta ahora por un plus vinculado a prestaciones. Sin ese ingreso extra, sostienen, muchos consultorios dejarían de ser viables.
El conflicto no se limita a los honorarios. Trabajadores también denuncian una deuda acumulada con prestadores que se arrastra desde enero, situación que ya impacta en la atención cotidiana. Ópticas y otros servicios comenzaron a restringir la atención a afiliados ante la falta de pagos, reduciendo el acceso a prestaciones básicas.
A esto se suman demoras en la autorización de prácticas médicas, incluso en casos urgentes. Controles esenciales, como los de marcapasos, o tratamientos de alta complejidad, registran retrasos que generan preocupación tanto en pacientes como en profesionales.
Uno de los focos más delicados está en la provisión de medicamentos. Según relatan, pacientes oncológicos y personas con HIV enfrentan demoras que pueden extenderse durante semanas, con el riesgo de interrupciones en tratamientos críticos.
En paralelo, los trabajadores aseguran que crece el malestar interno por presiones y posibles recortes salariales, lo que agrava el clima dentro del organismo.
Frente a este panorama, no descartan medidas de fuerza y anticipan una escalada del conflicto a nivel nacional. La crisis, advierten, ya no es solo administrativa: amenaza con impactar de lleno en la calidad y continuidad de la atención de uno de los sistemas de salud más sensibles del país.
