La legisladora salteña defendió la legalidad del sistema, pero se reavivó el debate sobre la ética en el uso de recursos públicos.
Una nueva controversia se desató en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, luego de que la diputada Gabriela Flores reconociera que su hijo utilizó pasajes asignados por el cuerpo legislativo.
La admisión volvió a poner en discusión el uso de recursos estatales y los límites entre lo legal y lo ético en el ejercicio de la función pública.
En declaraciones recientes, la legisladora explicó que los diputados cuentan con un cupo de pasajes que pueden administrar de manera discrecional, incluso para terceros. En ese marco, confirmó que su hijo —estudiante en Buenos Aires— utilizó este beneficio en algunas oportunidades.
“Eso no es un delito”, sostuvo Flores, al defender el mecanismo vigente. Sin embargo, sus dichos reactivaron cuestionamientos sobre la finalidad de estos recursos, originalmente destinados a facilitar el cumplimiento de tareas legislativas.
El régimen de pasajes del Congreso ha sido históricamente objeto de críticas por su uso discrecional. Si bien no existe una prohibición expresa para que sean utilizados por terceros, especialistas advierten que esto abre un debate sobre la legitimidad de la práctica.
En ese sentido, remarcan que, aunque no configure un delito penal, el uso de estos beneficios con fines personales podría entrar en conflicto con principios de ética pública.
La situación generó reacciones en distintos sectores políticos y en redes sociales, donde se cuestionó el uso de recursos públicos para familiares, en un contexto de creciente sensibilidad social sobre la transparencia y el manejo de fondos del Estado.
