La presentación apunta a posibles delitos contra la administración pública y ahora deberá intervenir la Justicia.
La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, fue denunciada penalmente por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en una causa que investiga presuntos delitos vinculados a su actuación como funcionaria y legisladora.
La presentación, que ya se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal, señala posibles irregularidades encuadradas en figuras como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho.
El eje de la denuncia se centra en el rol de Royón durante el tratamiento de modificaciones a la Ley de Glaciares, donde —según los denunciantes— habría intervenido sin excusarse, pese a supuestos vínculos con empresas del sector minero que podrían verse beneficiadas por los cambios normativos.
En ese sentido, se menciona su relación previa con firmas como Zelandez y la consultora Minenco, vinculadas a servicios técnicos para proyectos de litio y otros minerales. La acusación sostiene que estas actividades podrían configurar un conflicto de intereses en el marco de decisiones legislativas recientes.
Además, se cuestiona un aspecto técnico de la reforma, que habilita la exclusión de determinadas áreas del régimen de protección ambiental a partir de estudios especializados, un tipo de servicio que —según la denuncia— coincide con la actividad de las empresas mencionadas.
La presentación también pone bajo análisis el cumplimiento de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en asuntos donde existan intereses personales o vínculos recientes.
El caso abre un nuevo frente judicial y político en torno a la actividad minera y su regulación, en un contexto donde el desarrollo del litio y otros recursos estratégicos se encuentra en el centro del debate público.
Por el momento, será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.
