La causa contra Manuel Adorni por el uso de un avión privado para viajar a Uruguay entró en una fase crítica con el hallazgo de pagos realizados desde cuentas en el exterior y facturas que triplican los montos informados por el Gobierno.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complicó este tras una serie de medidas impulsadas por el juez federal Ariel Lijo.
La investigación sobre su viaje en un vuelo privado a Uruguay sumó nuevas pruebas que contradicen la versión oficial: se incorporaron facturas por montos mayores a los admitidos por el funcionario y, lo más alarmante para Comodoro Py, constancias de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior para cancelar parte de los traslados.
El magistrado logró secuestrar documentación clave que expone que el vuelo de ida (realizado el 12 de febrero desde San Fernando) tuvo un costo de 4.830 dólares, cifra que supera los 3.800 dólares que el propio Adorni había declarado públicamente. La trazabilidad de los fondos reveló una estructura que vincula al sector público con el privado:
- El pago del tramo de ida: Fue emitido por la empresa Alphacentauri a favor de Imhouse, una firma vinculada a Marcelo Grandio, periodista y amigo personal de Adorni.
- El conflicto de intereses: La productora de Grandio tiene tres programas en la TV Pública, señal que depende directamente de la Jefatura de Gabinete que encabeza Adorni.
- El paquete de vuelos: Se detectó otra factura emitida a nombre de Agustín Issin Hansen por 42.250 dólares en concepto de «servicios aeronáuticos». Este monto correspondería a un abono de diez vuelos a Punta del Este, de los cuales la familia del jefe de Gabinete habría utilizado uno.
Medidas de prueba: Se levanta el secreto fiscal y bancario
Ante la aparición de una cuenta en el exterior utilizada para acreditar los fondos del vuelo de regreso, el juez Lijo ordenó avanzar con medidas de fondo para determinar el origen del dinero:
