Contadores que revisaron las cuentas del municipio de San Lorenzo declararon en el juicio y señalaron falta de documentación, discrecionalidad en las compras y ausencia de control administrativo.
El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando «Kila» Gonza, sumó una nueva jornada con la declaración de los contadores que realizaron una auditoría externa sobre el manejo de fondos municipales durante los años 2018 y 2019.
Los profesionales, convocados al inicio de la gestión del actual jefe comunal Manuel Saravia, expusieron ante el tribunal y advirtieron que su trabajo estuvo condicionado por la escasez de documentación disponible en la sede municipal.
Durante su testimonio señalaron que detectaron irregularidades en los procedimientos de contratación pública y describieron una “clara discrecionalidad” en el manejo de las compras. Según explicaron, en numerosos casos no se cumplían los mecanismos establecidos por la Ley 8072 de Procedimientos de Contrataciones, que exige licitación pública, publicidad oficial y competencia entre oferentes para garantizar transparencia en el uso de fondos públicos.
Entre las operaciones observadas por los auditores se mencionó la adquisición de distintos bienes sin respetar los procedimientos legales, entre ellos una camioneta Chevrolet, televisores, estufas y tablets. De acuerdo con el informe, estas compras se realizaban mediante un sistema informal de vales que permitía registrar salidas de dinero sin la documentación correspondiente que acreditara el destino de los recursos.
Uno de los puntos más llamativos fue la situación de la camioneta adquirida a través de ese mecanismo. Los contadores indicaron que el vehículo no había sido incorporado al patrimonio municipal ni figuraba en el parque automotor del municipio.
A pesar de ello, señalaron que mediante el mismo sistema de vales se pagaban gastos vinculados al rodado, como la instalación de un equipo de GNC, reparaciones, repuestos y combustible. Incluso se detectaron comprobantes emitidos para la compra de neumáticos destinados a vehículos que no pertenecían a la municipalidad.
La auditoría también evidenció dificultades para reconstruir el movimiento de fondos. Los profesionales afirmaron que no pudieron acceder a reportes bancarios y remarcaron la ausencia de una trazabilidad documental clara sobre los ingresos y egresos de dinero público.
Según detallaron, además del circuito informal de vales existía un sistema administrativo formal de órdenes de pago, pero en muchos casos no había facturas ni comprobantes que respaldaran los gastos registrados.
Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue el manejo de recursos provenientes de programas sociales financiados por la Nación. De acuerdo con los auditores, el municipio recibía fondos destinados a esos planes, pero no se realizaban las correspondientes rendiciones ni existían registros que acreditaran su utilización.
Estas observaciones, agregaron, ya habían sido advertidas previamente por la Sindicatura General de la Provincia de Salta, que en informes anteriores había señalado inconsistencias en la administración de los recursos municipales.
