Tras el desplazamiento de un pilote en el Puente Viejo de Santa Lucía, la Municipalidad de Salta cuestionó la ejecución de las obras realizadas en 2020 y evalúa posibles acciones legales.
El desplazamiento de uno de los pilotes del Puente Viejo de Santa Lucía volvió a poner bajo la lupa una intervención anunciada hace seis años como “definitiva”. La actual gestión municipal no solo expresó preocupación por el estado estructural del viaducto, sino que además abrió un frente político al cuestionar la calidad y el alcance real de las obras ejecutadas durante la administración anterior.
El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, sostuvo que existe una brecha entre lo comunicado oficialmente en 2020 —cuando se anunció una refacción integral del puente— y lo que efectivamente se habría realizado. Según indicó, de las cinco pilas que debían ser intervenidas, solo una habría sido refaccionada.
“Hay diferencias entre lo certificado, lo informado públicamente y lo que realmente se ejecutó”, afirmó el funcionario, al tiempo que remarcó que la obra pública “implica una responsabilidad técnica, administrativa y ética”. En esa línea, advirtió que el municipio analiza posibles acciones legales para determinar responsabilidades.
La intervención del puente había sido presentada en su momento como una solución estructural destinada a reforzar las bases y garantizar la doble circulación vehicular en una zona clave para la conectividad urbana. El reciente incidente, sin embargo, reavivó las dudas sobre la solidez de aquellos trabajos y la supervisión técnica aplicada.
Mientras tanto, equipos municipales continúan evaluando el estado general de la estructura para definir los pasos a seguir y garantizar la seguridad vial. El episodio no solo expone una preocupación de ingeniería: también reactiva el debate sobre el control, la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de la obra pública.
