Rodrigo Gómez cayó en la trampa de una banda que operaba desde los penales de Olmos y Magdalena. Se hacían pasar por policías que le pedían dinero a cambio de no detenerlo «por chatear con una menor». Nada de eso existía.
El pasado 16 de diciembre, un comunicado oficial difundido por el Gobierno daba cuenta de un grave incidente ocurrido en la Residencia Presidencial de Olivos, cuando Rodrigo Gómez, un efectivo militar que formaba parte de la seguridad de Javier Milei, fue hallado muerto en su puesto de trabajo.
“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio», indicaba el comunicado oportuno.
“Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento»., decía el texto.
Con el correr de los días, se supo que Gómez había dejado una carta en la que, se suponía, contaba los motivos detrás de la fatal decisión. No obstante, la información se mantuvo bajo secreto de sumario y, finalmente, ahora se conoció el por qué: el soldado era víctima de una extorsión orquestada desde una cárcel bonaerense.
La carta de Gómez que desató la investigación
“Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba. Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata. Esos policías son más corruptos que otra cosa, me dejaron con muchas deudas, pero ya no importa, ya nada importa», decía la carta.
Y seguía: «Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el Ejército. Después de escribir todo esto ya llegó la hora. Gracias a todos, gracias al Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas”.
Gómez había comenzado a hablar con una joven de 19 años en una app de citas, le había dicho que se llamaba Julieta y empezaron a mantener un vínculo por ese medio. Mensaje, fotos, videos y todo lo normal dentro de un intercambio consentido.
Pero un día le llegó un audio aterrador: una mujer lo trataba de degenerado, ya que su hija tenía 17 años. Enfurecida, le advirtió que en ese momento iba a denunciarlo.
Nada de eso era cierto: no existía ni Julieta, ni la madre enfurecida y mucho menos los policías. Todo fue producto de un entramado extorsivo que se generó en los penales de Olmos y Magdalena. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a partir de la carta, dispuso peritajes digitales, rastreo de líneas telefónicas y de cuentas bancarias. Ese trabajo llevó a las unidades penitenciarias mencionadas, donde se estableció que Gómez no fue la única víctima, pero sí quien no pudo manejar la situación, tomando la peor decisión para terminar con la fatal extorsión.
